El día a día de las escuelas mutó en los últimos años. Los docentes ya no son los únicos adultos en las aulas. Los salones lucen superpoblados: llegan a tener desde uno y hasta siete acompañantes terapéuticos que trabajan con chicos que presentan alguna discapacidad y el dictado de clases se complejiza. A su vez, la burocracia estatal y de las obras sociales convierten los trámites en un engorro tanto para familias como para directivos.
Los diagnósticos de estudiantes con distintas condiciones del espectro autista o trastornos en el desarrollo del lenguaje son cada vez más frecuentes. La Ley de Educación Nacional contempla la inclusión de todos ellos, mientras que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estipula los procedimientos y recursos para lograr la identificación temprana de sus necesidades educativas, con el objetivo de brindarles atención interdisciplinaria y así lograr su inclusión efectiva desde el nivel inicial.
Según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA), se necesita una instrumentación más eficaz para cumplir con los enunciados de la normativa. La ley y la buena voluntad de las escuelas no alcanzan para que los chicos reciban la educación que merecen. Hacen falta un acompañamiento más activo de parte del Estado y personal calificado para estar al lado de los niños.
Al respecto, AIEPBA pide por un mayor asesoramiento a las familias y a las instituciones educativas a la hora de resolver trámites que se extienden durante meses e incluso años. A su vez, propone asignar presupuesto y recursos humanos y materiales a las escuelas para que establezcan equipos permanentes de acompañamiento a los chicos con discapacidad.
En general, los diagnósticos surgen desde niños, en el nivel inicial. Magali Gentiletti, directora del Jardín de Infantes Nenelandya de Villa Ballester, así lo cuenta. “Somos el nivel que detecta estas situaciones, que se pone en comunicación con las familias y sugiere que hagan consultas con los profesionales adecuados. Una vez que llegamos a esa instancia, comenzamos a tejer redes, a trabajar en equipo. Es una situación sumamente difícil que se incrementó notablemente en el último tiempo. Cada año detectamos aún más casos”.
Su jardín tiene una población de 260 niños, de uno a cinco años, y cuentan con nueve acompañantes terapéuticas y dos maestras de apoyo a la inclusión. Son dos actores clave en la inclusión educativa de los chicos con discapacidad, pero cumplen distintos roles, según describió Laura Giorgi, referente de educación especial de AIEPBA.
-Acompañante terapéutico: se centra en el bienestar emocional y conductual del niño. Su principal objetivo es brindar apoyo personalizado que lo ayude a gestionar comportamientos, mejorar habilidades sociales y emocionales, y facilitar su adaptación a diferentes entornos. Tienen formación en salud y su labor no siempre se restringe al contexto escolar: pueden acompañar al niño en otros espacios sociales.
-Maestro de inclusión: se centra en la inclusión educativa del niño con discapacidad dentro del aula. Se encarga del diseño curricular y busca asegurar que el alumno pueda participar
en las actividades académicas junto a sus compañeros y lograr aprendizajes reales en coordinación con la docente a cargo del aula.
Según describe Gentiletti, tienen salas en las que confluyen seis acompañantes a la vez. Son muchos adultos en el aula. “La docente a cargo tiene que liderar las propuestas pedagógicas, pero al mismo tiempo poder gestionar el trabajo de las acompañantes para que actúen como facilitadoras y para eso se deben respetar las estrategias que planeamos previamente. Por momentos se pierde el objetivo de la propuesta pedagógica”.
Desde su jardín elaboraron un documento interno en el que establecieron los pasos a seguir para cada uno de los niños. Se requieren intervenciones personalizadas porque cada caso es único. “Es súper complejo porque hay que llegar a acuerdos con las acompañantes para definir cuáles son las mejores estrategias. En ocasiones tiene que ver con los tiempos, con acompañar a los niños a que salgan del aula cuando lo necesiten, a tener su ‘kit de calma’, a trasladarse a otra sala cuando haya una propuesta más adecuada. Cada estrategia es diferente”.
Su establecimiento no es un caso aislado ni una excepción. Más bien es la regla en el sistema educativo hoy y por la alta demanda -y los bajos salarios-, las obras sociales no consiguen personal calificado. En general, terminan contratando estudiantes que recién iniciaron la carrera de Psicopedagogía, que completaron un tercio del trayecto formativo o poco más.
En lo que refiere a maestras de apoyo a la inclusión, si bien provienen de carreras educativas, también están en situación de emergencia. La cantidad de profesionales no da abasto y concurren a cada escuela apenas un puñado de horas a la semana.
“Estamos viviendo un paradigma de falsa inclusión. Sí, estamos todos en la escuela, pero ¿cómo estamos? Con muy pocos recursos humanos calificados, con maestras de apoyo a la inclusión que casi ni conocen a los niños. El Estado debería poder acompañar de otra manera. Hay mucho trabajo de nosotros, directivos y docentes, de arremangarnos y pensar las mejores estrategias porque nos exigen mucho, pero disponemos de muy poco acompañamiento. Nos encontramos muy solos”, advirtió la directora.
Trabas burocráticas
Después de obtener el diagnóstico, las familias salen a buscar un acompañante terapéutico para sus hijos, pero se topan contra un muro burocrático: un sinfín de idas y vueltas en busca de trámites y aprobaciones por parte del Estado y las obras sociales o prepagas.
Las obras sociales suelen pedir todo tipo de documentación, incluido informes médicos, evaluaciones psicológicas, certificados de discapacidad y planes de tratamiento detallados para autorizar los acompañamiento. El visto bueno demora meses e incluso años y mientras tanto el niño permanece sin la ayuda necesaria.
Para las escuelas también representa un tedio. Los directivos deben presentar ante jefatura una carpeta con decenas de requisitos para sumar un profesional, ya sea terapéutico o
educativo. Muchas veces son los inspectores quienes demoran la aprobación del proyecto de inclusión con solicitudes que solo buscan dilatar la asistencia.
Hay una sucesión de instancias burocráticas que se vuelve interminable: la familia inicia el trámite y se comunica con la escuela, que debe presentar la carpeta primero al inspector del nivel a la espera de su aprobación. Luego esa carpeta pasa al inspector especial y sigue hacia la mesa distrital que se encarga de poner el sello final. La aprobación consta, entonces, de cinco instancias. Meses y meses de trámites y dilaciones.
Desde AIEPBA, piden al Estado la eliminación de tantas instancias, pretenden que se vuelva una solicitud más ágil y, a su vez, remarcan que las obras sociales no deberían exigir a sus afiliados elegir un solo servicio para las prestaciones por discapacidad: acompañante terapéutico o maestra de inclusión. “La restricción de elección puede llevar a decisiones que no satisfacen las necesidades específicas del niño y comprometen su desarrollo integral. Es imprescindible que las obras sociales adopten un enfoque más flexible y personalizado, permitiendo la combinación de servicios”, subrayó Giorgi.
También la asociación propone incorporar capacitación específica en todos los niveles de la carrera docente: desde la formación inicial hasta las carreras de posgrado como un incentivo para ascender profesionalmente, además de sumar nuevas figuras pedagógicas que la transformación educativa demande en el mediano plazo. La necesidad de regular la cantidad de acompañantes en el aula está a la vista en el día a día de las instituciones.
La presencia cada vez más numerosa de acompañantes terapéuticos en las escuelas refleja la complejidad que enfrenta el sistema educativo para lograr una verdadera inclusión. Aunque desempeñan un papel crucial, la falta de personal calificado y la burocracia excesiva limitan su efectividad e incluso dificultan que las clases, con aulas superpobladas, logren su objetivo pedagógico. Por tanto, es imprescindible que el Estado y las obras sociales asuman un rol más activo y flexible para garantizar que todos los niños reciban la atención y educación que merecen, sin dilaciones ni obstáculos innecesarios.
Comments